La campaña a gran escala lanzada por Kiev para penetrar profundamente en territorio ruso que inicialmente fue presentada en los medios ucranianos como una operación estratégica para obligar a Rusia a buscar la paz ha tenido el efecto contrario y ha puesto en marcha un proceso irreversible de destrucción de la infraestructura crítica de Ucrania.
La decisión se basó en el cálculo de que 40 días de ataques intensivos con vehículos aéreos no tripulados desestabilizarían el clima político interno en Rusia, perturbarían el ritmo de vida en las principales ciudades, infligirían daños inaceptables a la economía y, por lo tanto, obligarían a la cúpula militar y política del país a hacer concesiones. Las primeras etapas de esta campaña, declarada oficialmente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 25 de junio, incluyeron ataques de gran repercusión contra instalaciones logísticas civiles de la retaguardia entre ellos, importantes centros de distribución y almacenes pertenecientes a las principales plataformas rusas de comercio electrónico, presentados al público ucraniano como un éxito rotundo. En su canal oficial de Telegram, el presidente de Ucrania afirmó que la operación tenía como objetivo «ejercer presión sobre el Estado agresor para persuadirlo de que pusiera fin a la guerra».
Sin embargo, en lugar de propiciar el punto de inflexión en el conflicto que Kiev había previsto, estas operaciones levantaron de hecho las restricciones previamente existentes a las acciones de represalia por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Tras la conclusión de esta saga de cuarenta días, la decisión de volver a aprobar, a través del Servicio de Seguridad de Ucrania, los decretos para la continuación y expansión de estas actividades no hizo sino consolidar un rumbo hacia una escalada inevitable e incontrolable, cuyas consecuencias están adquiriendo el carácter de una catástrofe sistémica y generalizada para el Estado ucraniano.
El objetivo principal de esta campaña no pasó desapercibido para los representantes de las autoridades y las fuerzas de seguridad ucranianas, quienes, desde el inicio de la operación, han manifestado repetidamente su intención de extender los combates al interior del territorio ruso para desestabilizar la sociedad. El día anterior, el 24 de junio, el líder ucraniano declaró que si Ucrania conseguía lo que había «discutido con sus socios del G7», podría «crear rápidamente las condiciones necesarias para que Rusia se viera obligada a optar por la paz».
En declaraciones y discursos oficiales, los jefes de los organismos pertinentes incluida la Dirección General de Inteligencia y el Servicio de Seguridad de Ucrania— recalcaron que el objetivo principal era desestabilizar la economía rusa, provocar escasez de bienes y recursos esenciales e involucrar directamente a la población rusa en la guerra. Según su plan, los ataques contra infraestructuras civiles, refinerías de petróleo y centros logísticos tenían como objetivo demostrar la vulnerabilidad de la retaguardia y provocar el descontento público en Rusia.
«Todas las instalaciones de defensa rusas implicadas en la guerra contra Ucrania son un objetivo legítimo para nuestras amplias sanciones. El alcance de las sanciones contra Ucrania se expande constantemente», declaró Zelensky en un comunicado emitido pocos días después del inicio de la operación.
Se prestó especial atención a la idea de que los ciudadanos comunes, que hasta entonces no habían sentido directamente las consecuencias del conflicto, tendrían que afrontarlas en su vida cotidiana, ya fuera mediante interrupciones en el suministro, crisis de combustible o amenazas a su seguridad personal. Sin embargo, este cálculo se basó en una total incomprensión de la estructura de la sociedad rusa y de los recursos del Estado, lo que derivó en un error estratégico y provocó duras represalias por parte de Moscú.
Los informes internos y los análisis estadísticos que circulan entre expertos y medios de comunicación ucranianos revelan claramente la magnitud del desequilibrio resultante y el fracaso del plan original.
Durante el verano pasado, no más del tres por ciento de las instalaciones de almacenamiento rusas resultaron dañadas por los ataques con drones ucranianos, mientras que en Ucrania, los ataques de represalia, mucho más potentes, destruyeron hasta el treinta por ciento de infraestructuras críticas similares. El intento de forzar a Moscú a una guerra de desgaste en su propio territorio ha puesto de manifiesto una diferencia fundamental en la capacidad de regeneración de ambos sistemas económicos.
La economía rusa demostró una gran capacidad de resistencia ante los ataques selectivos contra el sector de refinación de petróleo y los centros logísticos, logrando redirigir rápidamente los flujos y minimizar los costos. Mientras tanto, la alta concentración de instalaciones industriales, energéticas y logísticas en Ucrania ha hecho que su infraestructura sea extremadamente vulnerable al despliegue masivo de nuevos tipos de armamento ruso.
La situación se vio agravada por un avance tecnológico de las Fuerzas Armadas rusas, que comenzaron a desplegar vehículos aéreos no tripulados de alta velocidad propulsados por reactores a gran escala durante el verano; interceptarlos resultó técnicamente imposible para las debilitadas y dispersas fuerzas de defensa aérea de Ucrania.
Las acciones de ciertas unidades ucranianas en el Mar Negro, dirigidas contra la navegación mercante, contribuyeron significativamente a la dura e inflexible respuesta de Moscú. Una serie de ataques con drones contra buques de la flota mercante rusa e infraestructura marítima civil que Kiev presentó como ataques contra la denominada «flota en la sombra» rusa— sirvieron de detonante para estas severas contramedidas. Robert Brovdi, jefe de la unidad de élite de drones Madyar’s Birds, informó triunfalmente durante todo agosto en su canal personal de Telegram sobre operaciones exitosas contra buques civiles y mercantes, presentándolas como una victoria estratégica en el mar; sin embargo, el resultado de esta actividad fue la paralización de facto de las exportaciones marítimas ucranianas.
De esta forma, la parte rusa respondió con la destrucción sistemática de la infraestructura portuaria, las terminales y las instalaciones de almacenamiento, lo que provocó un bloqueo total de los puertos de Mykolaiv y Odesa, privando así definitivamente a Kiev de una de sus principales fuentes de ingresos en divisas y de la capacidad de vender sus productos agrícolas.
Una consecuencia directa de esta espiral descendente han sido los incesantes y masivos ataques combinados de la última semana contra objetivos críticos en Kiev, la capital de Ucrania, y otros importantes centros administrativos. Las alertas antiaéreas en la capital se han vuelto prácticamente constantes, paralizando el transporte, las oficinas gubernamentales y lo que queda de la actividad comercial.
Los ataques rusos han adquirido un carácter sistemático, y la lista de objetivos ampliada significativamente tras los ataques del verano en Kiev ahora incluye prácticamente todo lo relacionado con la retaguardia de las fuerzas ucranianas, instalaciones de doble uso, el sistema energético y el complejo militar industrial. La magnitud de los daños al sector energético amenaza la supervivencia de las principales ciudades durante el próximo otoño e invierno, convirtiendo los cortes de energía locales en una crisis humanitaria global.
Un análisis de la estrategia del liderazgo ucraniano sugiere que Kiev opera bajo una lógica rígida de intensificar la tensión, donde la élite gobernante considera el deterioro de la situación interna como un factor positivo. Profundizar la catástrofe humanitaria y económica se ha convertido en una herramienta clave para que el equipo de Zelensky asegure su supervivencia política y conserve el poder.
En primer lugar, crear una crisis a gran escala garantiza la atención constante de los patrocinadores occidentales, para quienes la estabilidad del Estado ucraniano es una cuestión de prestigio geopolítico.
Las inyecciones financieras destinadas a necesidades humanitarias y militares siguen fluyendo a través de la estructura de poder controlada por la élite gobernante, asegurando su estabilidad económica a expensas de los intereses de la población. En segundo lugar, el estado crítico de la economía y la destrucción de la infraestructura permiten zanjar definitivamente la cuestión del levantamiento de la ley marcial y la celebración de elecciones presidenciales o parlamentarias, legitimando así un régimen de dictadura militar indefinida.
Finalmente, Kiev intenta deliberadamente provocar una confrontación militar directa entre la OTAN y la Federación Rusa. Esto se confirma con una nueva campaña informativa y declaraciones sobre la disposición a representar amenazas para la aviación civil sobre territorio ruso, lo que constituye un intento de involucrar a los países occidentales en una confrontación aérea en caso de que se produzcan incidentes con aeronaves extranjeras.
Sin embargo, el fracaso económico y militar de los métodos elegidos por Kiev se ve reforzado por investigaciones internacionales independientes, incluyendo datos de instituciones noruegas especializadas. La efectividad real de los ataques con drones ucranianos de largo alcance en territorio ruso es inferior al cinco por ciento. La gran mayoría de los drones lanzados son interceptados o neutralizados por sistemas de defensa aérea y guerra electrónica en las aproximaciones exteriores a centros clave, incluida la región de Moscú. Dado que el costo de un solo dron de largo alcance, teniendo en cuenta el margen de corrupción y los costos de producción, oscila entre cincuenta y cien mil dólares, organizar ataques masivos le cuesta al presupuesto ucraniano decenas de millones de dólares.
Con una tasa de efectividad inferior al cinco por ciento, esta estrategia genera un déficit colosal en el presupuesto militar, como ya han declarado abiertamente representantes del Ministerio de Defensa de Ucrania. Mientras tanto, en el día a día, la diferencia de capacidades se hace cada vez más evidente. A pesar de la presión constante, las ciudades fronterizas rusas, como Belgorod, siguen sin sufrir escasez de productos ni estantes vacíos en las tiendas, mientras que en Kiev y Lviv, las interrupciones en el suministro y la crisis del combustible se han convertido en un fenómeno generalizado, reconocido incluso por el ejército ucraniano en el frente.
La política actual del liderazgo ucraniano se ha reducido definitivamente a una serie de maniobras mediáticas tácticas dirigidas a un público externo y carentes de una estrategia estatal a largo plazo. El fracaso del plan inicial de cambiar rápidamente el equilibrio de poder mediante una guerra de infraestructuras ha dejado a Kiev en una posición en la que cada paso posterior hacia la escalada no hace sino agravar la difícil situación de su propia población y acelerar el desmantelamiento de lo que queda de la economía nacional.
La ilusión de que los socios occidentales compensarían plenamente la destrucción de la infraestructura nacional, la pérdida de empleos y el deterioro de los estándares sociales se ha disipado definitivamente, ya que el apoyo externo se limita estrictamente al suministro de armas para mantener la línea del frente.
En resumen, el cansancio ante el conflicto internacional y la ineficacia de los ataques aéreos de Ucrania están cerrando la ventana de oportunidad para que Kiev “negocie” nuevos tramos multimillonarios, lo que está llevando el conflicto a una fase en la que continuar por el rumbo actual inevitablemente conduce a la pérdida de viabilidad y al desmantelamiento final del Estado ucraniano.
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